Fundamentación Jurídica De la INICIATIVA LEGISLATIVA CIUDADANA por la ABOLICIÓN

Habiendo salido nuestra INICIATIVA LEGISLATIVA CIUDADANA identificada como Proyecto de Ley “Ley que prohíbe el maltrato y sacrificio animal como parte de espectáculos públicos o privados” del Congreso peruano  y encontrándonos utilizando vías legales que existen en materia de Iniciativas legislativas Ciudadanas en el Perú, queremos dar a conocer a nuestros lectores un poco sobre su fundamentación jurídica, lo que es importante para entender en qué nos basamos legalmente para llegar a la ABOLICIÓN en el Perú.

La Constitución Política del Estado.
La Constitución es la Ley Fundamental de la Nación, y en ella se encuentran los principios fundamentales del Estado de Derecho. Todo país rige sus destinos en función a los enunciados principales contenidos en su Constitución y, en torno al tema del trato ético a los animales, es menester lo consagrado en el siguiente artículo de la Constitución del Perú:

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
(…)
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre, al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

Como es evidente, el concepto “PAZ” no sólo alude a la ausencia de guerra (interna o externa), sino que se refiere a su acepción más amplia, esto es, a la ausencia de conflictos. De ahí que debe entenderse como una carga del Estado, velar porque el país se desarrolle en un ambiente carente de situaciones de conflicto en términos generales. La paz no puede ser entendida como una simple utopía, sino como un objetivo permanente, siendo que mientras menos conflictos existan dentro de la sociedad, cada vez estaremos más cerca de alcanzar la paz.

Si bien los conflictos se dan en diferentes flancos y vertientes, es responsabilidad de las autoridades (quienes ejercen su poder en vía de delegación, como parte del mecanismo constitucional de la democracia representativa) escuchar a la población en cuanto a sus denuncias y requerimientos, a los efectos de darles un adecuado tratamiento y, obviamente, solución a todo tipo de conflictos.

Para el caso específico de nuestro Proyecto de Ley, la paz se ve alterada por la existencia de prácticas inhumanas que infligen los más crueles tratos a diversas especies animales, yendo en contra de los más elementales principios y valores de la humanidad y ocasionando que un importante número de ciudadanos muestren su disconformidad con tales conductas que, por lo demás, resultan abiertamente contrarias a los principios fundamentales que rigen a la legislación de protección animal en el Perú.

El maltrato animal es, pues, uno de los factores que impide la existencia de un ambiente de paz y equilibrio en el país, aspiración que, como no escapará al elevado criterio de la representación nacional, es de un valor superlativo, frente a los argumentos que, en pleno siglo XXI, pretenden –sin éxito- justificar la cruenta tortura y muerte de especies animales como atracción estelar de espectáculos públicos y privados.

Paz, tranquilidad, ambiente equilibrado y adecuado, son, pues, principios elementales consagrados en la Carta Fundamental.

La ex Ley de Protección a los Animales Domésticos y a los Animales Silvestres mantenidos en cautiverio Nº 27265 y hoy en día, actual Ley de Protección y Bienestar Animal Nº 30407.

En el mes de mayo del año 2000, se dio por primera vez una de las normas más importantes en materia de trato hacia los animales, la misma que consagró una serie de principios elementales que revelaron abiertamente y sin cortapisas el interés del Estado Peruano por proscribir todo acto de crueldad en contra de todas las especies animales, sean de tipo doméstico o silvestre mantenidos en cautiverio.

Y en ella (y por supuesto se debe tener en cuenta también y con mayor razón la actual Ley Nº 30407 que es aún más específica sobre protección de animales) se enunciaba con absoluta claridad:

Declárese de interés nacional la protección de todas las especies de animales domésticos y de animales silvestres mantenidos en cautiverio, contra todo acto de crueldad causado o permitido por el hombre, directa o indirectamente, que les ocasione sufrimiento innecesario, lesión o muerte.

Bajo este enunciado general, a lo largo de todo el texto de esta ley se dan una serie de especificaciones, todas ellas, orientadas a evitar malos tratos y sufrimientos innecesarios a los animales.

Sin embargo, demostrando que se trató de un acto totalmente ajeno a la voluntad general de la ley, se incluyó en ésta, una ominosa Disposición, en la que se exceptuó de los alcances de la ley “a las corridas de toros, peleas de gallos y demás espectáculos declarados de carácter cultural por la autoridad competente”.

Es decir, sobre la base de una discriminación que no tiene más explicación que una supuesta razón “cultural”, se excluyó del marco de protección legal a determinadas especies animales, convirtiendo al enunciado general en una declaración ilusoria que contradice a toda una política de Estado previamente declarada, y valida prácticas anacrónicas que se basan en el sufrimiento de animales para montar espectáculos.

La llamada “ley de la ponderación” en materia de derechos fundamentales

A estas alturas del debate sobre la prohibición del maltrato animal en espectáculos públicos y privados, se ha alzado la voz de los aficionados a la tauromaquia reclamando el respecto de su derecho constitucional al acceso a la cultura, siendo conocida la existencia de ciertos lobbys en ese sentido. Sin embargo, la representación nacional debe tener claro que en materia de derechos fundamentales existe la llamada “ley de la ponderación”, que es una figura constitucional que permite que cuando dos derechos constitucionales se encuentren en contraposición, se elija a aquel que muestre un mayor peso, intensidad o relevancia social.

  • Un conflicto iusfundamental representa un caso donde dos titulares de derechos fundamentales presentan intereses contrapuestos amparados ambos por sendos derechos fundamentales. O, si se prefiere, distintas personas invocan derechos fundamentales en sustento de sus intereses contrapuestos de modo tal que estos derechos colisionan. La contraposición de intereses consiste en que el ejercicio o goce (conservación) de un derecho fundamental de un titular implica la prohibición del ejercicio o goce (conservación) del derecho fundamental de otro titular y, al mismo tiempo, viceversa, el de este último implica una prohibición respecto al de aquel. Por esto, dos características principales presentan los conflictos, una por razón del sujeto y otra por razón del objeto. En el primer caso, la presencia de dos titulares de derechos fundamentales con pretensiones contrapuestas, en el segundo, la presencia de dos derechos fundamentales con consecuencias jurídicas recíprocamente excluyentes.1)MENDOZA ESCALANTE, Mijail; Conflictos entre derechos fundamentales; Palestra Editores; Lima – Perú; 2007; Pág. 53-54.

En materia de derechos fundamentales, no se trata sólo de tener derecho a algo, sino de determinar si aquel derecho es de mayor peso o relevancia que otro con el que pudiera encontrarse en conflicto. Por ello, tal y como lo ha dejado sentado el Tribunal Constitucional peruano:

  • De acuerdo con el examen de proporcionalidad en sentido estricto, también conocido con el nombre de ponderación, para que una intromisión en un derecho fundamental sea legítima, el grado de realización de la finalidad legitima de tal intromisión debe ser, por lo menos, equivalente al grado de afectación del derecho fundamental. En otros términos la proporcionalidad en sentido estricto exige la comparación entre dos pesos o intensidades: 1) aquel que se encuentra en la realización del fin de la medida legislativa diferenciadora; y, 2) aquel que radica en la afectación del derecho fundamental de que se trate, de manera que la primera de estas deba ser, como se ha mencionado, por lo menos, equivalente a la segunda.2)Fundamento Jurídico Nº 45 de la Sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el Expediente Nº 6626-2006-PA/TC.

Es decir, se trata de determinar la prevalencia entre un interés y otro sobre la base de su relevancia, para lo cual, resulta especialmente útil recurrir a la opinión de la sociedad misma, la cual, comprobadamente, es mayoritariamente contraria a la realización de las corridas de toros.

La falacia, ad verecundiam, como argumento a favor de la tauromaquia

A lo largo del debate sobre la vigencia de las corridas de toros, parte importante de los argumentos a favor de la tauromaquia ha estado representada por el apoyo público dado por personajes notables o populares a dicha actividad, lo cual, desde el punto de vista lógico, representa una forma de falacia que se funda en procurar convencimiento sobre la validez de un argumento sobre la base del prestigio de quien lo expone.

Obviamente, más que fortaleza, lo que este tipo de prácticas argumentativas hace es demostrar debilidad, pues una auténtica firmeza de fundamentos no necesitaría de publirreportajes o avisos en diarios a páginas enteras con firmas de personajes populares para apoyarlos.

Desde el inicio del debate, el argumento antitaurino ha sido único y simple: El animal sufre innecesariamente y esa es una práctica antiética e inmoral que debe ser eliminada. Y en verdad no hace falta mucho más para demostrar la verdad de tal argumento. En el argumento antitaurino no hay un ápice de egoísmo o afán de figuración, como si lo hay en la acera de enfrente (“SOY un personaje notable, no se pueden meter con MI diversión”).

Sin embargo, si de notables se trata, veamos sólo una pequeña muestra de los personajes que a lo largo de la historia se han pronunciado y pronuncian en contra de la tauromaquia y el maltrato animal en general:

Y por supuesto hay muchos más en la lista de los que razonan.

Otro aspecto a ser tomado en cuenta es que el rechazo a esta cruenta actividad se da desde tiempos ancestrales, incluso dentro de la propia España, reconocida como la cuna de la tauromaquia. Es decir, en el propio país en que se origina esta reprochable actividad, existieron  y existen millones de voces que se oponen a ella.

Asesor legal: Iván Yaya.

¡TauroMafia ABOLICIÓN!

¡FUERZA TOROS!


 


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REFERENCIAS:    [ + ]

1. MENDOZA ESCALANTE, Mijail; Conflictos entre derechos fundamentales; Palestra Editores; Lima – Perú; 2007; Pág. 53-54.
2. Fundamento Jurídico Nº 45 de la Sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el Expediente Nº 6626-2006-PA/TC.

Fuerza Toros!

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