Los manotazos de ahogado y la desesperación de los aficionados a la crueldad Para que no “les quiten su cultura”...

Con cada “manotazo de ahogado” que dan los aficionados al sadismo y a la tortura de animales por salvaguardar sus “tradiciones” se hunden más. Es que realmente sus estrategias son tiradas de los pelos y simples artimañas puesto que esas tradiciones no han sido protegidas por la Constitución, como ya está demostrado a través de la demanda de inconstitucionalidad que presentamos al Tribunal Constitucional, que aún espera sentencia y deberá ser una sentencia justa y ética, sobre todo.

Vamos a contar en este artículo, correlativamente, lo qué han estado y están haciendo para que el movimiento de defensa animal se dé cuenta cómo actúa esta mafia que piensa que el Perú es su chacra y que cree que aún estamos en la época de los virreyes y los terratenientes.

Una artimaña que contradice el Estado democrático y constitucional

En el año 2016 presentaron una demanda contra la Oficina de Procesos Electorales (ONPE) y saben ¿por qué? Porque la ONPE “osó” vender el Kit electoral para hacer un referéndum por la «Ley que Penaliza el Maltrato de Animales Domésticos y Animales Silvestres en Cautiverio» Recordemos que luego de la promulgación de la Ley de Protección y Bienestar Animal Nº 30407, se iniciaron recolección de firmas para dos referéndums, uno de ellos a través de la Campaña Fuerza Toros, ya que dicha ley blindaba en una de sus excepciones a las corridas de toros, peleas de gallos, peleas de toros y dejaba abierta una puerta a cualquier espectáculo cruento que utilice animales bajo el falso título de “cultural” y otro por el proyecto de ley mencionado y cuyo promotor tuvo el legítimo derecho de comprar un Kit para referéndum pues cumplió con todos los requisitos legales.

Pero para estos “terratenientes”, que creen que el Perú pertenece a un puñado de señores con apellidos rimbombantes y es un lugar lleno de galpones y coliseos con apostadores sin escrúpulos, el que alguien use su derecho constitucional a través de una herramienta democrática y legal como es la compra de un Kit electoral para iniciar una recolección de firmas para un referéndum (obligatorio previo proceso de Iniciativa Legislativa Ciudadana, el que es costoso y muy trabajoso) que tiene como finalidad que el pueblo decida si quiere que estos espectáculos no sigan siendo legales en el Perú, es un “acto de insurgencia e insurrección” que atenta contra sus violentas costumbres y por lo tanto, pues, demandaron a la ONPE ante la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, por vender tal “insultante” kit electoral.

Ahora viene lo bueno…

El 13 de setiembre de 2016, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda. O sea, los mandó al infierno a ellos y a sus tradiciones.

FIRMA POR LA ABOLICIÓN

Y siguen bastos…

Sin embargo, en mayo del 2018 presentaron un “recurso de agravio constitucional” ante el Tribunal Constitucional contra la Resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima por “lesión de sus derechos fundamentales”. Solicitaban (claro, como ellos son los “terratenientes”) al TC que dejara sin efecto la venta de cualquier kit electoral para referéndums de leyes que puedan penalizar o restringir los eventos vinculados a las corridas de toros, peleas de gallos, entre otros. Además pedían se ordene la suspensión de cualquier procedimiento de recolección de firmas orientadas al logro de dicha finalidad, alegando la misma refrita justificación de siempre: “que afecta sus derechos a la autonomía privada, a la identidad cultural y a participar en la vida cultural”.

Su “jugada” fue un intento de conseguir dos cosas antidemocráticas:

1.- Impedir cualquier intento de referéndum o acción legal por la abolición.

2.-Conseguir una sentencia “a su medida” que traiga abajo la demanda de inconstitucionalidad contra la excepción en la ley de protección animal, la que era un hecho que se presentaría, pues ellos, por esa época, ya debían haberse enterado lo que estábamos haciendo en el Tribunal Constitucional. Nosotros adquirimos los planillones del TC en marzo del 2018 y a principios de mayo presentamos ante el Jurado Nacional de Elecciones las firmas que por ley necesitábamos para el respaldo ciudadano de la demanda.

Pero ¿qué pasó con su “astuto” plan?

El 5 de marzo de este año (2019), en pleno proceso de la demanda de inconstitucionalidad contra la excepción en la ley de protección, el Tribunal Constitucional declaró improcedente el recurso de agravio constitucional porque “la cuestión de Derecho contenida en el recurso carece de especial trascendencia constitucional debido a que no existe lesión de los derechos fundamentales invocados”1)EXP. N. º 01165-2017-PNTC LIMA.. Es decir, esta vez tampoco se salieron con la suya.

Al respecto el jurista constitucionalista Landa Arroyo señala: “Si un colectivo busca eliminar o abolir estos espectáculos no está dañando los derechos fundamentales de nadie. Cualquier ciudadano puede solicitar referéndums, proyectos de ley y herramientas de participación ciudadana y éstas son, previamente, consultadas por la ONPE, por lo que al confirmar que no se vulnera la Constitución dan el visto bueno para que se siga el proceso de iniciativas ciudadanas. Es decir, ya existe una previa verificación para que no se vulneren los derechos de los ciudadanos al solicitar dichas herramientas legales”.

Los aficionados a la tortura de animales no pensaron que con esto crearon aún más jurisprudencia para fundamentar la demanda de inconstitucionalidad por la abolición, la que en realidad está ya más que fundamentada hoy en día.

Otra más. ¿Demandas de acción popular? ¡No puede ser!

Sí. En agosto de este año han presentado demandas de acción popular en las respectivas salas civiles de la Corte Superior de Justicia de Lima y de Tacna. Y ¿saben contra quién? Contra el Ministerio de Cultura. Pero ¿por qué? Porque las Resoluciones Viceministeriales Nº 004-2015-VMPCIC “Directiva para la calificación como espectáculo público cultural no deportivo” de enero del 2015 (Más información AQUÍ) y la Nº 003-2015-MC “Directiva para la declaratoria de las manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial y de la obra de grandes maestros, sabios y creadores como patrimonio cultural de la Nación y declaratoria de interés cultural” de setiembre del 2015, van contra la excepción en ley de Protección y Bienestar Animal Nº 30407, contra la Constitución Política del Perú, contra el libre desarrollo, contra la preservación de la cultura, contra la inversión, contra el derecho de preservación de las razas de aves de combate que evita que estén en peligro de extinción, contra el arraigo tradicional y por ende ¡contra el mundo entero!

Un poquito más y estas Resoluciones son algo así como El Necronomicón… Y todo esto debido a que en ambas resoluciones dictan criterios y requisitos para que los espectáculos no deportivos y costumbres o tradiciones puedan ser declaradas como culturales y patrimonios inmateriales de la Nación, respectivamente y en dichos criterios y requisitos NO PUEDE HABER VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES COMO LA VIDA NI ACTOS DE CRUELDAD NI SACRIFICIO DE ANIMALES y esto no es simplemente porque al Ministerio de Cultura no le agradasen o les disgustasen tales actos, sino porque para dar esos criterios se basaron en la Constitución del Perú, así de simple.

¿Esta gente pretende que se anule todo ese gran avance en cultura y civilización solo por intereses y gustos psicopáticos?

Hay que recordar, además, que la Resolución Nº 004-2015-VMPCIC fue derogada desde que la Ley Nº 30870 “Ley que establece los criterios de evaluación para obtener la calificación de espectáculos públicos culturales no deportivos” fue reglamentada el 24 de abril de este año a través del Decreto Supremo Nº 004-2019. La ley es igual en sus criterios a la Resolución derogada. ¿Esto no lo sabían? ¿Quién asesora a esta gente? De hecho ni un estudiante del primer ciclo de derecho no sabría algo tan simple.

¿Y quieren saber qué pasó después?

Nada, como siempre y, como era de esperarse, los mandaron al diablo, otra vez. Por el momento y de hecho la Primera Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, declaró que “no es de su COMPETENCIA conocer la demanda de Acción Popular para su trámite correspondiente” y que se vayan (a fregar) a Lima y en Lima debe haber pasado lo mismo, pues al ser resoluciones viceministeriales que aplican a nivel nacional, (al menos la vigente) entonces es al Tribunal Constitucional a quien le compete y no al Poder judicial.

Pero con esto demuestran y prueban, ellos mismos, que la excepción en la 1era disposición complementaria final de Ley de protección animal es inconstitucional, sino entonces ¿por qué demandan al Ministerio de Cultura? ¿No que son culturales sus tradiciones aberrantes?

Y la última metida de pata, al parecer pues la estupidez puede ser infinita…

¡Y de nuevo los congresistas! La mayoría son la vergüenza y la desgracia del Perú.

¿Sabían que 14 congresistas, todos de Fuerza Popular, presentaron el proyecto de ley Nº 04622/2018-CR «Ley de reconocimiento y protección del gallo  navajero peruano»? A leguas se nota que este proyecto ha sido por «encargo» de la mafia gallicida. Esto demuestra la desesperación que tienen desde que su diversión y negocio absurdo y cruento podría ser ilegal en el Perú. Tienen pánico de que el Tribunal Constitucional falle finalmente a favor de la demanda de inconstitucionalidad contra la excepción (inconstitucional) que blinda espectáculos violentos y sangrientos.

Este proyecto de ley intenta, disimuladamente, que las peleas de gallos sean aún más protegidas de lo que ya están con la pantalla de «proteger al gallo navajero peruano» (raza de gallos que, por cierto, no existe). No se entiende ni se comprende cómo pretenden proteger a un animal para luego tirarlo y encerrarlo en un ruedo para que pelee con otro, causándose ambos daños y heridas, incluso hasta la muerte y toda esta barbarie con el único objetivo de seguir ganando plata fácil con el sufrimiento de estos animales.

El mencionado proyectucho fue presentado el 24 de julio del presente año y derivado a Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, cuyo presidente es, justamente, quien lo presentó, el congresista fujimorista Dalmiro Feliciano Palomino Ortiz y 13 más de su misma bancada, han firmado el mamarracho en cuestión.

Este dice en su segundo artículo, como queriendo sin querer: » Declárese de interés nacional la protección y difusión de las actividades de carácter cultural, tradicional, costumbrista y turístico de la pelea del Gallo Navajero Peruano» con esto quieren “proteger” las peleas de gallos que podrían pronto ser ilegales y con el artículo 4to que dice: “El Poder Ejecutivo, a través de sus organismos correspondientes, los gobiernos regionales y los gobiernos locales en el marco de sus competencias incluyen en las políticas de desarrollo turístico, los planes y actividades relacionadas con el Gallo Navajero Peruano; asimismo, brindarán las facilidades a los criadores organizados del Gallo Navajero Peruano para su participación en la formulación y ejecución de los planes y actividades gallísticas”,  pretenden que el Estado y todos los peruanos protejamos la crueldad que a ellos les divierte, les hace ganar plata fácil y en el que, seguramente, existe lavado de dinero entre otros delitos. Solo les faltó pedir que los peruanos debemos pagarles a estos psicópatas. ¡SINVERGUENZAS!

Ahora bien, nos preguntamos ¿por qué tanto afán justamente ahora de “preservar” al gallo “navajero” y a las actividades gallísticas? ¿No que, según ellos, esas actividades están protegidas por la Constitución y casi, casi son patrimonio cultural de la Nación? ¿Para qué ya tanta protección, pues?

Vamos a conocer un poquito a los congresistas (parásitos del pueblo) que se han “prestado” para esta iniquidad:

1-Dalmiro Feliciano Palomino Ortiz.

Antecedentes: denunciado por nepotismo al haber contratado a su cuñada sin cumplir los  requisitos necesarios y ser pareja sentimental de su hermano, entre otros.

2-Angel Neyra Olaychea.

Antecedentes: ¿No tiene rabo de paja? ¡Qué milagro…! Seguramente lo debe tener bien escondido.

3-Elard Galo Melgar Valdez.

Antecedentes: plagió tesis para ser abogado en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, de Huacho, la que mediante Resolución de Consejo Universitario N° 0291-2017-CU-UNJFSC, declaró nula la resolución que confirió el título profesional de abogado a este congresista, así como todo acto administrativo y/o de administración consecuencia de la misma. Además este congresista fujimorista se habría apoderado de varias hectáreas de tierra de Santa María y estaría regando 500 hectáreas cuando solo tiene autorización para 40.

4-Freddy Fernando Sarmiento Betancourt.

Antecedentes: Hizo lobby a favor empresarios pesqueros. Delitos de tráfico de influencias.

5-Victor augusto Albrecht Rodríguez.

Antecedentes: el año pasado la Fiscalía anticorrupción del Callao formalizó investigación preparatoria contra este congresista por irregularidades en la adjudicación de la concesión del servicio de limpieza del botadero denominado “La Cucaracha” del Callao a la compañía Petramás. Además, es un psicópata gallicida. Tiene un blog sobre su afición a la crianza y tortura de gallos

6-Percy Eloy Alcalá Mateo.

Antecedentes: este congresista es acusado de hacer gestiones para poner en marcha una obra de agua potable en el distrito de Pacaran en Cañete y a cambio de ello, ordenó qué empresa debía supervisar la obra. Además, habría dirigido la adjudicación de obras de desagüe de Bujama y las aprobó a pesar de que están mal ejecutadas. Vecinos denuncian aniegos y contaminación.

7-Rosa maria Bartra Barriga.

Antecedentes: Se le investiga por delito de contaminación e incumplimiento de normas relativas al manejo de residuos sólidos. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental ha abierto una investigación preliminar contra ella. Además ya es conocida por blindajes a diestra y siniestra a sus amigos de bancada y otros. Y para rematarla, es aficionada a la tortura de animales en las corridas de toros. ¿Cómo no va a estar de acuerdo con la tortura a los gallos también?

8-Miky Joaquín Dipas Huamán.

Antecedentes: en mayo de este año el Ministerio Público lo condenó en primera instancia por sobrevaloración e irregularidades en compra de terreno durante su gestión como alcalde distrital de Pichari, Ayacucho. Fue sentenciado a cinco años de prisión por el delito de colusión ilegal.

9-Carlos Alberto Domínguez Herrera.

Antecedentes: Ha sido denunciado por lavado de activos presuntamente provenientes del narcotráfico. Además, representantes del Parque Industrial de Nuevo Chimbote lo declararon como “persona no grata”. Los dirigentes manifiestan que es un obstáculo para la ejecución de proyectos en su sector.

10-Miguel Ángel Elías Ávalos.

Antecedentes: Ha negociado con los recursos públicos. Gestionaba obras con alcalde acusado de corrupción. Remitía cartas al burgomaestre de Pueblo Nuevo (Chincha), Hugo Buendía, acusado de recibir coimas, indicándole qué proyectos estaban sin financiamiento. Luego pedía fondos a la Comisión de Presupuesto del Congreso y al Ministerio de Economía y Finanzas.

11-Luis Humberto López Vilela.

Antecedentes: Es investigado por tráfico de influencias por haber enviado un oficio a la Fuerza Aérea del Perú en el que pide que se ejecute una resolución de Indecopi la que favoreció a su hermano. Pero además fue quien realizó tocamientos indebidos a la congresista Paloma Noceda. Fue suspendido por 120 días.

12-Maria Fidel Mantilla Medina.

Antecedentes: favoreció a empresas desde la Comisión Permanente, ampliando los derechos de pesca cuando el Ministerio de Producción había prohibido que la compañía de Peña Aparicio continúe ejerciendo sus actividades.

13- Guillermo Hernán Martorell Sobero.

Antecedentes: el Primer Juzgado Unipersonal de Tacna lo sentenció a 5 años de pena privativa de la libertad efectiva por delito contra  la administración  pública  en  la  modalidad  de  Colusión prevista  en  el artículo 384 del Código Penal en agravio al Estado. La lectura de la sentencia fue del 16 febrero 2018.

14- Juan Carlo Yuyes Meza.

Antecedentes: en setiembre del año 2018, la fiscalía inició una investigación contra el fujimorista por el presunto delito de colusión agravada, por adjudicarse un terreno de manera irregular. Es cuñado del presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes y hermano de Marco Antonio Yuyes Meza, quien estuvo prófugo y denunciado por peculado y aprovechamiento indebido de su cargo como administrador del Proyecto Especial de Irrigación de la Margen derecha del Río Tumbes. A su hermano se le acusó de pagar planillas fantasmas, un total de S/32 millones, de la mano del exgerente general del gobierno regional de Tumbes.

Y todo esto es solo una muestra de los delitos de los delincuentes que ocupan escaños en nuestro Congreso. ¿Cómo están ahí? Estamos seguros de que el pueblo no votó por ellos. Estos mafiosos están ahí por influencias y pagos para estar primeros en las listas de los partidos que a su vez siempre son los  mismos y nunca dan paso a nuevos. Con este proyectucho de ley la mafia gallicida hizo lobby para que estos delincuentes lo presenten y pretenden “poner el parche antes del chupo”, si el TC da una sentencia digna de un pueblo civilizado.

El jurista César Landa, opina al respecto de este proyecto “El Congreso no debería debatir ni promulgar ningún proyecto que concierna a estos espectáculos debido a que hay una demanda que podría poner en contra a la ley que ellos quieren aprobar. Es decir, hasta que el Tribunal decida qué hacer con la excepción en la ley de protección. Una vez que el TC falle sobre  la demanda, recién el Congreso podría debatir. Y si hay una sentencia favorable a la demanda entonces deberán modificar el proyecto de ley para que se reconozca el gallo navajero como raza peruana, y que sea protegido solo cómo raza y no para usarlo en peleas porque se debe tener en cuenta que en este caso, la sentencia del TC debe ser vinculante y sería superior a cualquier ley que aparezca en el trascurso del tiempo”.

Eso debería ser lo que tiene que pasar si tuviéramos un Congreso que respeta la democracia y los Poderes del Estado. Pero, como ya sabemos cómo funciona el Congreso donde «trabajan» delincuentes de cuello y corbata, no sería raro que dicho proyecto sea aprobado.

Dejemos nuestros comentarios de rechazo a la crueldad contra los animales  AQUÍ.

Conclusión

Los aficionados a la tortura de animales están desesperados. Vamos a seguir informando…

El Tribunal Constitucional deberá fallar a favor de la EVOLUCIÓN

INFÓRMATE SOBRE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD

No nos van a detener. Los defensores de los animales vamos a seguir luchando por la abolición y cuando se logre será una nueva Era para el Perú.

#PeleasDeGallosAbolición #TauroMafiaAbolición
#DemandaPorLaEvoluciónFUERZATOROS
#LaCrueldadNoSeRegulaSeProhíbe
#TodosLosAnimalesSienten
#PerúPaísAntitaurino

SÍGUENOS

REFERENCIAS:    [ + ]

1. EXP. N. º 01165-2017-PNTC LIMA.
¡FUERZA TOROS!

¡FUERZA TOROS!

¡FUERZA TOROS! por la ABOLICIÓN de las corridas de toros, peleas de gallos y espectáculos crueles con animales en el Perú.

2 comentarios:

  1. Fuerza, sigan insistiendo. De nuestra generación depende el mundo, con animales incluidos sin excepción. NO mas crueldad animal en todas sus expresiones!!!

  2. Bravo Fuerza Toros, que Perú se despoje de la verguenza de ser una tierra cruel e insensible hacia los animales. En México vivimos con ese estigma de ser crueles y sanguinarios con los animales en aras, según los aficionados a esas masacres lucrativas, de la «tradición» y la «cultura». Quizá también deberíamos volver a hacer sacrificios humanos, que eran parte de nuestra cultura. Por fortuna las cosas están evolucionando, pero Perú va adelante. Que se prohiban corridas, peleas de animales y toda crueldad contra ellos en toda América, desde Alaska hasta Patagonia.

Da tu opinión